Manifiesto de la Asamblea Popular de Lavapiés contra las tasas de la Justicia

Tras penalizar el aborto y aprobar la cadena perpetua, el ministro D. Alberto Ruíz Gallardón ha mostrado una vez más su voluntad de pasar a la posteridad y ocupar un destacado puesto en los anales de la historia sacándose de la manga una nueva reforma, esta vez aprobando una insultante subida de tasas en los procesos judiciales.

Como dice el abogado Nacho Trillo en el artículo titulado “Las Tasas y la Justicia”  , publicado en la web Madrilonia, “la Ley de Tasas establece el pago de determinadas cantidades de dinero para el acceso a la administración de justicia a todas aquellas personas que no tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita en los órdenes civil, social y contencioso-administrativo. Si bien es una ley que parece realizada por Gallardón por lo ridículo de su aplicación aun no consumada y por la falta de tacto y sentido de la oportunidad política para llevarla a cabo, no debemos dudar que la mano que mece su cuna pertenece a la Troika”. En otras palabras, se trata de una medida que debemos incorporar al resto de recortes que se están llevando a cabo a nuestro alrededor, en tanto en cuanto vienen impuestos por políticas europeas que exigen un vasto recorte del gasto social y una vuelta al liberalismo más rancio e injusto.

Desde la Asamblea del barrio madrileño de Lavapiés nos sumamos a las múltiples voces que han surgido contra la aprobación de las tasas al acceso a la justicia, en tanto que entendemos que “con la introducción y elevación de las tasas judiciales, junto con la supresión de los Servicios de Orientación Jurídica (SOJ) y los ataques al Turno de Oficio, el Ministerio de Justicia y la Consejería de Justicia quieren desmantelar del modelo actual de justicia constitucionalmente reconocido como valor superior de nuestro ordenamiento jurídico”, como dice la Asociación Libre de Abogados/as (ALA).

Destacamos, además, que la aplicación de esta medida es especialmente grave en la jurisdicción social en este momento de crisis económica aguda, dado que se verán afectados miles de trabajadores/as despedidos/as o con Expedientes de Regulación de Empleo. Una persona trabajadora que resulte despedida (lo cual está ocurriendo todos los días) y que decida reclamar la indemnización u otros derechos que le correspondan por Ley, tendrá que abonar una tasa determinada para acceder a la segunda instancia, con independencia de que a posteriori le den la razón o no.

Los pormenores de esta medida y sus nefastas consecuencias vienen explicados claramente por la abogada Lorena Ruiz-Huerta en la entrevista concedida al programa El Intermedio (La Sexta) ( http://ala.org.es/ala-en-el-intermedio-entrevista-a-lorena-ruiz-huerta-candidata-a-decana-del-icam-2/ )

Por último, nos hacemos eco del artículo titulado “Y así fue como se liberalizó la justicia”, publicado en el periódico Todo Por Hacer (diciembre de 2012  ), que dice lo siguiente:

“La enmienda fue aprobada a mediados del pasado mes en el Congreso de los Diputados, con los únicos votos a favor de los hombres y mujeres populares, quienes además nos intentan hacer ver que lo estamos viendo todos/as de una forma equivocada, que somos muy mal pensados/as, ya que, en la palabras de su senadora, Silvia Franco, lo hacen “por solidaridad”. La siguiente pregunta que se viene a tu cabeza es “¿Me lo explican?” No podrán… ¡Pues sí! Te lo explican. La brillante idea, en la que te puede salir más caro recurrir una multa de tráfico que pagar la multa en sí, está en que todo el dinero que van a recaudar a costa del incremento de las tasas irá destinado a una “financiación de la justicia gratuita recentralizada”. Como bien nos dice Conrado Escobar, Portavoz de Justicia, esta medida “evidencia un profundo carácter social”.

Lo que parece ser muy social es el atropello a los derechos de todo trabajador/a, primero porque ya se paga con los impuestos esa “justicia gratuita”, y segundo, porque una persona a la que hayan echado de su trabajo y vea desestimada su demanda, seguramente no tenga de donde sacar más de 500€ para reclamar lo que se le debe.

Otra de las razones que esgrimen desde las filas del gobierno es que el incremento también evitará el “abuso” y la “arbitrariedad” a la hora de establecer un proceso judicial. Es decir, que además esto ha sido por nuestra culpa, por lo que abusamos de la Justicia, como abusamos de sanidad, de educación, de derechos laborales, etc., y la única manera de apartarnos de ello es disuadirnos por la vía económica”.

Más información en:

www.nodo50.org/ala (http://ala.org.es/tag/tasas-judiciales/ )

www.todoporhacer.org

www.madrilonia.org

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